Bandas delincuenciales intensifican crímenes para presionar al gobierno

La reciente captura de Keiner Antonio Altamar Estrada en el barrio La Sierrita destapó cómo miembros de la organización delictiva «los Costeños» han redoblado sus acciones extorsivas con el respaldo directo de sus cabecillas, quienes operan desde prisión. Según inteligencia del Grupo Gaula de la Policía, figuras como Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’, y Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias ‘Otón’, coordinaban las intimidaciones a comerciantes mediante videollamadas.

Altamar, en compañía de un menor de edad, exigía dinero a los negocios locales, en lo que parece ser parte de una estrategia orquestada por los líderes de las bandas para forzar su inclusión en las negociaciones de paz propuestas por el presidente Gustavo Petro.

La escalada de violencia coincide con la manifestación de interés por parte de «los Costeños» y «los Pepes» —dos organizaciones que controlan el microtráfico y la extorsión en el Atlántico— de sentarse en una mesa de diálogo. Incluso, se habló de una tregua temporal entre el 11 de febrero y el 15 de marzo, periodo en el que se reportó una leve disminución de homicidios, aunque las autoridades lograron capturar a varios sicarios en ese mismo lapso.

El pasado 20 de mayo, el presidente Petro anunció oficialmente la apertura de diálogos con grupos del crimen urbano en Barranquilla, aunque sin mencionar nombres. Las bandas señaladas tienen vínculos con estructuras más grandes como el Clan del Golfo, y ya se adelantan procesos similares en Medellín, Quibdó y Buenaventura.

Sin embargo, los recientes asesinatos de comerciantes han encendido las alarmas. Uno de los casos más graves fue el de Héctor Augusto Martínez Montoya, administrador de un establecimiento en el barrio San Roque, quien pese a haber pagado cuotas extorsivas, fue asesinado el pasado 24 de mayo. Días después, el 4 de junio, José Francisco Hernández García, de 74 años, fue asesinado en el barrio El Ferry, presuntamente por una confusión con el dueño del negocio.

Las autoridades no descartan que estos actos violentos busquen aumentar la presión sobre el Estado para que en las negociaciones también se considere a los mandos medios de estas estructuras, y no solo a sus líderes principales.