Los contralores departamentales de la Costa Atlántica han lanzado una alerta ante la decisión del agente interventor de Air-e, Carlos Diago, quien está evaluando la suspensión del cobro de impuestos relacionados con el alumbrado público, la seguridad en Barranquilla, y el servicio de aseo en los municipios donde opera Interaseo. Los entes de control advierten sobre las posibles consecuencias negativas para la seguridad y el funcionamiento del alumbrado público en la región.
Preocupación por la seguridad y servicios públicos
Yadira Morales, contralora departamental del Atlántico, expresó su preocupación por los "efectos adversos" que esta medida podría tener en dos temas cruciales para las comunidades: el alumbrado público y la seguridad. Según Morales, la suspensión de estos cobros podría comprometer la eficacia de estos servicios, afectando directamente la calidad de vida en los municipios afectados.
Legalidad del cobro bajo escrutinio
El agente interventor, Carlos Diago, ha manifestado que estos cobros son ilegales e inconstitucionales, basando su postura en lo que considera una falta de justificación legal para los impuestos. No obstante, Morales subraya que estos actos administrativos, como el acuerdo de la Asamblea Departamental que permite a Air-e cobrar la tasa de seguridad, gozan de "presunción de legalidad", y que cualquier cambio debería hacerse a través de una demanda de nulidad presentada ante un juez contencioso administrativo.
"Las decisiones de este tipo no pueden tomarse de facto", afirmó la contralora, advirtiendo que actuar fuera del marco legal violaría las normas vigentes.
Reacciones y riesgos para la región
La posibilidad de que se suspendan estos cobros ha generado preocupación entre los diferentes entes de control, quienes coinciden en que esto podría aumentar los riesgos de inseguridad en la región. Además, advierten que el alumbrado público, que depende en gran parte de estos recursos, podría verse gravemente afectado, afectando a las comunidades.
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