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GINA SANCHEZ

Crisis de Inseguridad en Barranquilla y el Atlántico: Desafíos y Cuestionamientos



La inseguridad en Barranquilla y el departamento del Atlántico ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento significativo de atracos y ataques sicariales en el área metropolitana. Esta situación ha sumido a la comunidad en un ambiente marcado por la falta de seguridad y la presencia constante del crimen, generando preocupación y temor entre los residentes


La comunidad barranquillera se ve afectada por la inseguridad, con atracos diarios que han creado un clima de incertidumbre. La percepción de ineficacia en el accionar policial ha suscitado cuestionamientos sobre la gestión de los recursos provenientes de la tasa de Seguridad y Convivencia, que asciende a $78 mil millones. Estos fondos fueron transferidos por el gobernador Verano de la Rosa al alcalde Alex Char, planteando interrogantes sobre su destino y su impacto en la seguridad del departamento.


La falta de resultados efectivos en materia de seguridad ha generado descontento entre los ciudadanos, quienes pagan por un servicio que no se refleja en una mejora palpable en la seguridad. La administración municipal, especialmente el alcalde de Barranquilla, enfrenta críticas por la aparente falta de medidas efectivas para abordar esta crisis, lo que plantea dudas sobre la eficiencia en el uso de los recursos destinados a garantizar la seguridad ciudadana.


La presencia de extorsiones y ataques sicariales en el departamento del Atlántico refleja una realidad preocupante donde la violencia es parte cotidiana de la vida de los habitantes. La sensación generalizada de inseguridad y la percepción de una respuesta inadecuada por parte de las autoridades competentes han exacerbado la crisis, generando un ambiente tenso e inseguro para la comunidad.


Es imperativo que las autoridades locales tomen medidas concretas y efectivas para abordar la creciente inseguridad en Barranquilla y el Atlántico. La transparencia en el uso de los recursos destinados a seguridad, así como estrategias claras y coordinadas entre las instituciones pertinentes, son fundamentales para restablecer la confianza ciudadana y garantizar un entorno seguro para todos los habitantes.


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