El reciente escándalo protagonizado por Irene Vélez, quien declaró ser soltera en un documento de conflicto de intereses mientras su cónyuge obtuvo un contrato millonario para una estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos, ha destapado una lista de casos similares en el Gobierno Nacional. El periodista Néstor Morales, en Blu Radio, reveló una red de familiares que se benefician de nóminas oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la ética política en estas designaciones.
Si bien no todos estos nombramientos constituyen una violación legal, se cuestiona la línea ética al favorecer a familiares desde posiciones de poder. Entre los casos mencionados por Morales, se encuentran:
Carlos Ramón González, director del Dapre, tiene a su esposa, Susana Leal, como directora de empleo del Sena.
Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, tiene a su hijo como contratista del Ministerio de Cultura. Además, se señala que otro hijo de la ministra también tiene vínculos con el Gobierno.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, cuenta con su esposa como directora de la Unidad de Planeación Rural.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, tiene a su esposa, Eugenia Gómez, como Superintendente delegada de Salud.
Mauricio Lizcano, ministro de TIC, durante su tiempo como secretario del Dapre, tuvo a su esposa como asesora del secretario del Senado.
El analista Felipe Zuleta, un abierto opositor a Gustavo Petro, ha señalado la falta de coherencia en este Gobierno debido a este tipo de favorecimientos.
Estos casos han llevado a preguntarse si este Gobierno, criticado anteriormente por situaciones similares en administraciones pasadas, realmente representa el cambio que se prometió.
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