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  • GINA SANCHEZ

Investigación en la Fiscalía por la desaparición de lingotes de oro y relojes de colección


Un escándalo de corrupción ha sacudido a la Fiscalía General de la Nación, que actualmente está investigando un caso de robo de 10 lingotes de oro y 69 relojes de colección que habían sido incautados durante un allanamiento a un presunto narcotraficante, Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’.

Según informes de Caracol Radio, estos elementos fueron confiscados y se incluyeron en un proceso de extinción de dominio en 2019. Sin embargo, el caso de su desaparición salió a la luz en septiembre de este año, cuando una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio descubrió irregularidades al revisar el expediente de ‘Pipe Montoya’.

Una de las principales irregularidades encontradas es que las detenciones de Montoya y su esposa fueron declaradas ilegales por un juez después del operativo de allanamiento y decomiso de los lingotes de oro, la colección de relojes y $218 millones en efectivo.

A pesar de esta declaración de ilegalidad, el entonces fiscal 35, Carlos Nicolás Sotomonte, quien previamente había sido señalado por el uso de falsos testigos en casos relacionados con las antiguas FARC, quedó a cargo de la fortuna incautada.

La investigación interna de la Fiscalía ha revelado una serie de irregularidades adicionales, incluyendo la falta de documentación adecuada sobre los $218 millones y la ausencia de dictámenes de autenticidad y originalidad para los 10 lingotes de oro. Además, no se constituyó un título de custodia ante el Banco de la República para los lingotes ni para la colección de 69 relojes.

El caso se complica aún más con la revelación de que un año después de la incautación, un peritaje determinó que los lingotes de oro eran, en realidad, latas pintadas de color dorado.

En medio de estas irregularidades, se ha planteado la existencia de una presunta red de corrupción que involucra a fiscales y policías de la DIJIN en Bogotá, quienes también están siendo investigados por su posible implicación en falsos positivos judiciales y alteración de pruebas.

La Fiscalía ha consultado a la SAE (Subasta de Activos Excedentes) para intentar rastrear el paradero de estos bienes, mientras continúa la investigación en busca de respuestas y responsabilidades. Este escándalo ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la integridad de la institución.

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