El abogado penalista Aníbal Garay Ávila, representante de las víctimas en la masacre del corregimiento de Chochó, atribuye al Inpec la liberación de los policías implicados en el caso, debido al vencimiento de términos, lo que ocurrió el 28 de agosto. Garay Ávila anuncia su intención de solicitar a la Policía que no permita que estos uniformados continúen prestando servicios en Sincelejo para evitar controversias.
En una entrevista, el abogado explicó que la falta de conexión a Internet en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde estaban detenidos los patrulleros, fue un problema constante. Esta falta de conexión les impidió asistir a audiencias de manera virtual, y esta estrategia fue aprovechada para lograr la liberación de los policías.
Garay Ávila había advertido previamente al fiscal del caso sobre la posibilidad de liberación, sugiriendo enviar un grupo a La Picota para facilitar la conexión a las audiencias, pero esta sugerencia no fue atendida.
El abogado deja claro que no se opone a la liberación de los uniformados, ya que el vencimiento de términos es una realidad frecuente en el sistema legal de Colombia. Sin embargo, asegura que el proceso legal contra los 10 uniformados continuará con contundencia, independientemente de si están presentes o no en las audiencias, ya que la ley permite su realización sin su presencia física.
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