Acusados presuntos responsables de manipulación de 6 fallos judiciales en Atlántico

La Fiscalía General de la Nación descubrió un entramado criminal que presuntamente direccionó seis fallos judiciales a favor de particulares que demandaron administrativamente a diferentes entidades en el Atlántico entre abril y agosto de 2014.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ha presentado acusaciones formales contra la procuradora delegada Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; María Milagros Navarro Lobo, exasesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La investigación revela varios eventos en los que se presume la participación de los acusados. Entre ellos, se descubrió que los abogados habrían entregado 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una jueza de Sabanalarga para obtener una decisión favorable y rápida en un caso que se tramitaba en esos juzgados.

Además, se estableció que Navarro Lobo redactó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, y esta decisión fue respaldada por la procuradora León Mass. Supuestamente, ambas funcionarias recibieron 12 millones de pesos como parte de estas acciones.

En otro caso, se sospecha que la servidora del tribunal acordó recibir 20 millones de pesos para influir en un fallo de segunda instancia que responsabilizara a la Policía Nacional por el posible comportamiento irregular de un uniformado que afectó a varias personas.

Asimismo, se comprobó que la procuradora intervino en el aplazamiento de la distribución de una decisión de segunda instancia para que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara a varios recicladores representados por los abogados acusados, quienes buscaban evitar el desalojo de un área de espacio público en la zona portuaria.

Finalmente, tanto la procuradora como los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de redactar y/o firmar un fallo de primera instancia. Se constató que tenían conocimiento anticipado de la decisión para garantizar que les favoreciera y así poder efectuar el pago acordado.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.