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  • GINA SANCHEZ

Revocada la Personería Jurídica de Fuerza Ciudadana: Implicaciones y Controversias




En un giro legal significativo, el Consejo de Estado ha anulado la resolución que otorgó la personería jurídica al partido Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Esta decisión impactante tiene profundas implicaciones en el panorama político colombiano, ya que la personería jurídica habilita a las agrupaciones para recibir financiamiento estatal y otorgar avales para las elecciones.

El reconocimiento inicial de la personería por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la ponencia de la magistrada Fabiola Márquez, había sido controvertido. A pesar de que Fuerza Ciudadana no alcanzó el 3 por ciento de los votos al Senado en 2022, requisito esencial para obtener la personería jurídica, la magistrada argumentó que el partido merecía este estatus por su participación en la coalición presidencial de 2018 que llevó a Gustavo Petro al Senado.

Sin embargo, la reciente revocación se basa en una demanda presentada ante el Consejo de Estado por la abogada Ximena Echevarría Cardona, miembro del partido Verde Oxígeno de Íngrid Betancourt. La demanda sostiene que los argumentos presentados por el CNE no son equiparables a los casos de la Colombia Humana o al fallo de la Corte Constitucional que restauró la personería al Nuevo Liberalismo.

Este revés legal es crucial debido a la interpretación extensa que Fuerza Ciudadana había utilizado para obtener su personería jurídica, basada en las garantías políticas del país. La revocación no solo afecta directamente a este partido, sino que también plantea la posibilidad de un efecto dominó, ya que otros partidos recién reconocidos, como Independientes de Daniel Quintero, En Marcha de Juan Fernando Cristo, y Creemos de Federico Gutiérrez, enfrentan demandas similares ante el Consejo de Estado.

La decisión del Consejo de Estado refleja la complejidad y la disputa legal en torno a la obtención de la personería jurídica en Colombia, subrayando la importancia de los argumentos sólidos y equitativos para garantizar el reconocimiento de los partidos políticos en el país.


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