La Corte Constitucional recibió una tutela que pide al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entregar información en la que se detallen los gastos relacionados con la contratación de personal que prestaría sus servicios a la Primera Dama Verónica Alcocer.
El magistrado Alejandro Linares presentó una insistencia de revisión para que la Sala Plena de ese tribunal tenga en cuenta la posibilidad de revisar el expediente de la tutela.
En el documento, explican que la solicitud de la información fue hecha por un periodista que pedía por medio de un derecho de petición, que se le suministraran esos datos.
Sin embargo, al momento de recibir la respuesta por parte del Dapre, la entidad respondió que no tienen registro de un cargo referente a la Primera Dama.
«Dentro del organigrama de la entidad y el manual de funciones vigente, no se encuentra el cargo de Primera Dama de la Nación y por la misma razón, tampoco se cuenta con personal que preste sus servicios a la misma», citó el magistrado.
El accionante consideró que con esta respuesta se estaban vulnerando sus derechos a la petición y acceso a la información pública, por lo que decidió convertir la solicitud en una acción de tutela para que la entidad tenga una orden judicial y entregue los datos solicitados.
Para el magistrado Linares, este tema debe ser revisado por la corte, pues consideró que se trata de un tema novedoso que permitiría discutir el asunto del acceso a la información por petición.
Argumentó que es una oportunidad perfecta para hablar sobre el alcance y contenido que ejercen los periodistas durante su labor relacionado con la divulgación de información pública, en caso de que se compruebe que se destinaron recursos a la Primera Dama.
«La Corte podría examinar si la divulgación de la información sobre la gestión de recursos a cargo de la primera dama, en caso de existir, hace parte del discurso político o de interés público o si, en sentido contrario, tales datos no hacen parte de las categorías anotadas», añadió Linares.
Finalmente, el magistrado resaltó que según una sentencia de la Corte Constitucional en 1994, la Primera Dama no tiene función pública ni hace parte del Dapre, por lo que considera necesario discutir la tutela para revisar el concepto del «cargo» de Verónica Alcocer.