El Consejo de Estado ratifica la suspensión del decreto presidencial que otorgaba facultades regulatorias a Gustavo Petro sobre las tarifas de los servicios públicos. El recurso de súplica presentado por el Gobierno fue negado, lo que mantiene en firme la medida cautelar impuesta en marzo por la Sección Segunda del tribunal.
En la providencia emitida por el Consejo de Estado se argumenta que el contenido normativo del decreto establece restricciones que impedirían a las comisiones de regulación ejercer las atribuciones conferidas legalmente. Por lo tanto, excede el propósito de la potestad de reasumir las funciones delegadas.
El tribunal administrativo considera que la facultad del presidente de reasumir las funciones de las comisiones de regulación contiene una intención normativa de regulación, lo que requiere el cumplimiento del requisito de la previa publicación de los proyectos de regulación. Esta publicación previa es obligatoria para la expedición de disposiciones de contenido general que tienen como propósito la producción normativa.
Ahora, queda pendiente el fallo de fondo sobre la demanda de nulidad presentada por un grupo de abogados, quienes argumentan que las funciones que Petro busca reasumir "con falsa motivación" corresponden al Congreso.