¿Desarrollo o negocio político? Detrás del nuevo Plan de Ordenamiento Departamental del Atlántico

El anuncio del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) suena a visión futurista, sostenibilidad y progreso compartido. Pero, detrás del lenguaje técnico y los discursos de “planificación a 100 años”, se esconden intereses que vale la pena examinar.

Cuando un gobierno habla de “ordenamiento” y “armonía entre lo público y lo privado”, suele abrirse una puerta enorme para rediseñar el territorio según los intereses de las constructoras y de ciertos grupos económicos, más que según las verdaderas necesidades de las comunidades.

El hecho de que Camacol Atlántico y su presidente Jorge Segebre estén al frente junto al gobernador Eduardo Verano no es casualidad: el sector constructor ha sido históricamente uno de los mayores beneficiarios de los cambios normativos en uso del suelo. El POD podría convertirse en la hoja de ruta legal para legitimar megaproyectos que concentren riqueza, encarezcan la vivienda y favorezcan a contratistas cercanos al poder.

Además, cuando se habla de “plan a 100 años”, lo que se busca muchas veces es blindar decisiones urbanísticas y de inversión para que los próximos gobiernos no puedan revisarlas fácilmente. Es una forma de asegurar continuidad a intereses privados bajo el disfraz de “planeación técnica”.

La crítica de Segebre al Gobierno nacional por los impuestos sugiere otro interés de fondo: mantener beneficios fiscales para el sector constructor y evitar controles económicos mientras reciben apoyos locales.