La reforma a la salud presentada por el presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República ha generado controversia en Colombia. La propuesta incluye cambios significativos en el sistema de salud, como la administración pública de los recursos y la creación de un sistema público de información en línea. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es la intervención de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que ha generado dudas sobre su función aseguradora. A pesar de que el presidente Petro ha ratificado la presencia estatal en el sistema de salud, también ha afirmado que se permitirá la presencia privada.
Otro aspecto importante de la reforma es la propuesta de establecer un régimen especial laboral para los trabajadores de la salud, lo que incluye criterios para mejorar las condiciones laborales y establecer incentivos salariales y no salariales. Además, se han propuesto facultades extraordinarias para el presidente, que incluyen la expedición de disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas, así como modificar las normas en materia de salud.
Es importante destacar que en el periodo de transición que plantea la reforma, se espera que ningún colombiano o paciente se quede sin atención oportuna o acceso a servicios de salud. Las EPS seguirán operando en cuanto a la atención y la afiliación hasta que se haga la transición de cada afiliado a los centros de atención primaria en salud. Los programas de medicina prepagada continuarán su funcionamiento sin tener prelación alguna. Además, los servicios médicos a los que tienen derecho los pacientes incluyen atención prehospitalaria, de urgencias, transporte de pacientes y servicios farmacéuticos, orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud, según lo establecido en el artículo 80 de la ley.