Recientemente, la campaña de Gustavo Petro ha sido objeto de controversia por supuestas irregularidades en su financiación. Según fuentes, Nicolás, hijo de Petro, habría gestionado dineros para la campaña provenientes de fuentes cuestionables, incluyendo mafiosos y contratistas del Estado.
Además, se ha descubierto que la campaña no reportó gastos relacionados con pagos a testigos y consultores internacionales en la primera vuelta, y se sospecha de maniobras para evitar exceder los topes establecidos para la campaña.
Desde 2017, el código penal estipula que es delito recibir recursos de "fuentes prohibidas" para financiar campañas y exceder los límites de gastos establecidos por la autoridad electoral. Quienes no informen de sus aportes a las campañas también pueden ser penalizados.
De acuerdo con la Constitución, la violación de los topes de financiación de campañas puede resultar en la pérdida de la investidura o el cargo político correspondiente.
En la primera y segunda vuelta, la campaña de Petro reportó gastos que se mantuvieron por debajo de los topes establecidos por el CNE. Sin embargo, se ha señalado que los aportes mencionados por Nicolás no fueron reportados, lo que podría implicar una violación de los topes.
En cuanto a la responsabilidad penal de Gustavo Petro, sería necesario probar que tenía conocimiento de los aportes no reportados. En caso de que se presenten pruebas suficientes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara tendría que presentar una acusación ante el Senado. Si se admite públicamente la denuncia, el presidente quedaría suspendido de su cargo y debería ser puesto a disposición de la Corte Suprema.
Independientemente de la responsabilidad penal, si se demuestra la violación de los topes de financiación, Petro podría enfrentar la pérdida de su cargo político. Además, cualquier dinero no reportado que haya ingresado a la campaña podría haber beneficiado también a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. En caso de que Petro sea suspendido o destituido, la presidencia deberá ser asumida por el presidente del Senado, Iván Name, si la decisión se toma antes del 20 de julio de 2024, o por quien asuma ese cargo si es después de esa fecha.
Este escándalo ha generado una gran incertidumbre política y legal en torno a la campaña de Petro y sus posibles repercusiones para el futuro político del líder y su equipo.