Un hecho que ha sacudido el sistema judicial colombiano ha tenido lugar en Bucaramanga, donde un juez originario del departamento de La Guajira fue arrestado el pasado sábado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Gaula Militar. La detención se llevó a cabo bajo la sospecha de que el juez habría solicitado dinero a cambio de manipular un proceso de extinción de dominio que estaba bajo su responsabilidad.
El implicado, identificado como Juan Carlos Campo Fernández, se desempeñaba como juez especializado de extinción del derecho de dominio en el circuito de Cúcuta. Durante la operación de arresto, se incautaron 50 millones de pesos que presuntamente formaban parte del pago solicitado a la víctima a través de su abogado.
Según la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se recopiló suficiente material probatorio que sugiere que el funcionario judicial habría abusado de su posición para exigir el pago de 600 millones de pesos a cambio de emitir un fallo favorable en un proceso de extinción del derecho de dominio.
El juez ahora detenido presuntamente solicitó el dinero al abogado de la parte implicada, con la condición de que retirara una apelación presentada y volviera a presentar la solicitud de levantamiento de la medida cautelar. Se espera que en las próximas horas el detenido sea presentado ante un juzgado con función de control de garantías para las audiencias correspondientes, donde la Fiscalía lo imputará por el delito de concusión.
Este escandaloso caso subraya la importancia de la lucha contra la corrupción en todas las esferas de la sociedad, incluido el sistema judicial. Es crucial garantizar la integridad y la transparencia en la administración de justicia para mantener la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. La captura de este juez es un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia, pero también es un recordatorio de la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las prácticas corruptas en todas las instituciones públicas.