¿Estrategia calculada? Rectoría del Atlántico aprovecharía vacaciones judiciales para acelerar contratos mientras avanza su caída
- GINA SANCHEZ
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La situación jurídica del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, se complica cada día más tras la nueva acción presentada por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, que busca anular su cuestionada elección para el periodo 2025–2029. Esta demanda se suma a la presentada por el gobernador Eduardo Verano, basada en presuntas irregularidades en la hoja de vida del directivo.
Pero lo que parecía un intento de destituir al rector podría estar tomando un rumbo contraproducente. Expertos y sectores internos advierten que las actuaciones del Gobernador podrían estar dilatando la salida de Barrios, justo en un momento crítico en que la institución debe cerrar decenas de contratos y decisiones administrativas para el cierre del año fiscal.
El calendario judicial añade más incertidumbre: el magistrado Óscar Wilches otorgó apenas cinco días a la defensa de Barrios para pronunciarse sobre la suspensión provisional, pero con el receso judicial a la vuelta de la esquina, cualquier decisión podría trasladarse al próximo año, dejando al rector en funciones mientras firma contratos sensibles y movimientos administrativos que podrían consolidar su posición.
A esto se suma la petición ciudadana que sostiene que Barrios no cumple los requisitos legales de la Ley 190 de 1995, y las dudas sobre la autenticidad de una certificación académica planteadas por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.
Mientras tanto, la defensa de Barrios, liderada por el abogado Iván Cancino, insiste en que la elección fue legal y ajustada a la norma, calificando las acciones judiciales como “presiones indebidas”. Sin embargo, voces internas advierten que el Gobernador, quien tiene potestad legal para destituir al rector, no ha tomado medidas directas, lo que alimenta la teoría de que se estaría ejecutando una estrategia para prolongar la permanencia de Barrios hasta el cierre fiscal y blindar contratos millonarios.
UniAtlántico cierra el año sumida en la polémica, con una comunidad universitaria cada vez más alerta y desconfiada, mientras la sombra de la incertidumbre institucional y la posible maniobra estratégica sigue creciendo.





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