Según la Fiscalía, seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fueron capturados por presuntamente permitir actividades ilegales dentro de la Cárcel Modelo de Barranquilla. Durante una audiencia pública, la fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito.
Los hechos investigados habrían tenido lugar entre el primero de junio de 2021 y el 22 de abril de 2022. Según la Fiscalía, durante este período, los funcionarios habrían formado una especie de 'sociedad criminal', mediante la cual habrían recaudado 300 millones de pesos a través de sobornos exigidos a reclusos del patio 2 de la Cárcel Modelo de Barranquilla. Estos reclusos, a su vez, habrían sido extorsionados por otros internos, presuntamente con la complicidad del personal del INPEC arrestado.
El fiscal encargado del caso declaró: "Dentro de esta estructura delictiva, ustedes desempeñaron roles que implicaban permitir que los internos extorsionaran a sus compañeros de celda. Posteriormente, facilitaron el pago de sobornos y la entrega de elementos y servicios a los reclusos que estaban pagando estas extorsiones, todo con el fin de garantizar su seguridad y condiciones habitables dentro del centro penitenciario".
Los actos de corrupción fueron denunciados por dos de los reclusos que supuestamente fueron extorsionados por los funcionarios del INPEC. Estos reclusos afirmaron que se les exigía dinero para obtener una habitación, permitirles tener artículos de aseo personal y permitirles el ingreso de armas y drogas. Durante la audiencia, el fiscal dijo: "Dos víctimas presentaron denuncias en las que alegaban que los funcionarios les exigieron sobornos y permitieron que otros reclusos también los extorsionaran. Formularon quejas disciplinarias y afirmaron que, desde junio, se les exigieron diversos pagos, como 30 millones de pesos por una habitación en una celda, una cama, una cobija, visitas, elementos de aseo y la entrada de otros elementos, como drogas, armas de fuego o teléfonos".
El fiscal también señaló que los funcionarios, mientras estaban de servicio en los patios de la cárcel, permitían que ocurrieran las extorsiones, y cuando asumían labores administrativas, obstruían las quejas de los internos para evitar que llegaran a las autoridades de control. Sin embargo, una vez que las autoridades fueron alertadas, estos funcionarios supuestamente intentaron obstaculizar la investigación transfiriendo a los detenidos que habían denunciado los hechos y presionándolos para que cambiaran sus declaraciones bajo amenazas de muerte.
Los imputados no admitieron los cargos, y la audiencia para determinar medidas de aseguramiento se pospuso para el miércoles 18 de octubre a las 2 de la tarde.