Investigan a exsuperintendente de vigilancia por otorgar licencias a empresas de vigilancia

Alfonso Manzur Arrieta habría otorgado 18 licencias de funcionamiento a empresas de vigilancia privada.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Sneider Manzur Arrieta, así como contra otros cinco exfuncionarios de esa entidad, por presuntas irregularidades en la expedición de 18 licencias de funcionamiento otorgadas a empresas de vigilancia privada.

Estas compañías están ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Yopal, Bello (Antioquia) y Zipaquirá (Cundinamarca).   

Alfonso Sneider Manzur Arrieta estuvo en el cargo hasta 2024. Los otros exservidores investigados son la entonces superintendente delegada para la Operación de los Servicios de Vigilancia, Lisseth Paola Salazar Narváez; el asesor de Despacho, Rodrigo Andrés Linares Díaz; los profesionales Álvaro Osuna Padilla y Yineth Carolina Paruma Guevara, y la contratista de esa entidad para la época de los hechos, Olga Lucía Acosta.

El órgano de control investiga el trámite realizado para la expedición de las licencias, incluyendo la aprobación de esquemas de seguridad, así como una aparente omisión en el registro documental de esas autorizaciones en las plataformas institucionales. 

También es objeto del proceso la conducta de una contadora que certificó a ocho de esas empresas para la obtención de las licencias, mientras actuaba al mismo tiempo como contratista de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.   

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.

Este anuncio del Ministerio Público se da horas después de que la Supervigilancia suspendiera las licencias de operación a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda., todas de Barranquilla.

La decisión se dio por incumplimientos graves a la normatividad vigente.

Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas. 

Toda esta capacidad operativa fue desplegada en distintas zonas de la región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, reveló que estas empresas también tenían 30 armas de fuego no avaladas para su uso por parte de la Superintendencia de Vigilancia.