La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, ha expresado su oposición a la medida de aseguramiento intramural impuesta contra Arturo Char. Char enfrenta acusaciones por concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravado. Lombana argumenta que no se ha presentado el "estándar probatorio" necesario para respaldar esta medida y, por lo tanto, considera que no era apropiado ordenar su detención preventiva intramural.
Lombana es la única magistrada que salvó su voto en comparación con sus colegas de la sala y explicó que no se habían presentado pruebas suficientes para justificar la medida de aseguramiento. En sus palabras, "no había lugar a imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, como tampoco, por cuanto los motivos esgrimidos en apoyo de la referida medida, no cuentan con la respectiva acreditación".
La magistrada también cuestiona la relación entre Arturo Char y Aida Merlano, condenada por la Corte, argumentando que las pruebas disponibles no demuestran de manera concluyente su participación en la supuesta compra de votos.
La controversia en torno a este caso subraya la importancia de garantizar que las medidas judiciales se basen en pruebas sólidas y confiables para asegurar un proceso legal justo.