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Más de $2.000 millones en contratos a familiares de Guillermo Jaramillo desde el inicio del Gobierno Petro

  • GINA SANCHEZ
  • hace 2 horas
  • 2 Min. de lectura

Un informe basado en registros de Datos Abiertos revela que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han recibido 22 contratos con entidades estatales desde noviembre de 2022, dos meses después de la posesión del presidente Gustavo Petro.

Según la información recopilada, los contratos adjudicados a sobrinos, hermano, cuñada e hijastro del jefe de la cartera de Salud suman $2.057 millones. La cifra superaría los $3.000 millones si se incluyen otros nombramientos y cargos ocupados por familiares cercanos.

Contratos antes de la Ley de Garantías

Entre los casos señalados, María Clara Berrocal (cuñada) y Camilo Jaramillo Berrocal (sobrino) recibieron contratos el 9 de enero, días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

Las adjudicaciones provinieron de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Empresa Férrea Regional (EFR SAS).

Sobrinos y hermano, entre los principales contratistas

Camilo Andrés Jaramillo Berrocal registra 19 contratos desde 2019, de los cuales 14 fueron adjudicados entre noviembre de 2022 y enero de 2026, con entidades como el Metro de Bogotá, la Empresa Férrea Regional y Fondecun.

Su hermano, Sebastián Jaramillo Berrocal, recibió en 2024 un contrato por $72 millones con el Ministerio de Ciencia (minCiencias).

Por su parte, Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, celebró contrato con la Contraloría General de la República en 2023.

Esposa e hijo del ministro

La representante a la Cámara Katherine Miranda había denunciado previamente que Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro, y Alejandro Jaramillo Gómez, su hijo, también han ocupado cargos con asignaciones significativas.

Entre estos, se menciona la designación de Alejandro Jaramillo Gómez como director de ProColombia en Reino Unido, con una remuneración mensual superior a los $40 millones.

El caso ha reavivado el debate político sobre posibles conflictos de interés, contratación directa y transparencia en el manejo de recursos públicos.

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