¿Por qué no usar $700 mil millones en empleo, educación y apoyo social en vez de una consulta?

La reciente discusión sobre la realización de una consulta nacional, cuyo costo estimado ronda los $700 mil millones de pesos, ha abierto el debate sobre el uso alternativo de esos recursos públicos. Expertos y ciudadanos se preguntan si ese monto podría destinarse a programas sociales y económicos de mayor impacto para la población.

¿Qué podrían hacer $700 mil millones por los colombianos?

1. Creación de empleo juvenil Con ese presupuesto, el Estado podría financiar la creación de aproximadamente 2.1 millones de empleos para jóvenes, considerando un salario básico y una duración de varios meses. Esto tendría un impacto directo en la reducción del desempleo juvenil, que históricamente ha superado el 20% en el país.

2. Contratación de madres comunitarias del ICBF Actualmente, en Colombia existen cerca de 69.000 madres comunitarias atendiendo a más de un millón de niños y niñas en la primera infancia Con $700 mil millones, el Estado podría garantizar la contratación formal de miles de ellas por 10 años, asegurando estabilidad laboral, derechos y beneficios sociales para quienes han sido pilares de la atención infantil en las comunidades

3. Condonación o otorgamiento de créditos educativos El monto permitiría condonar o financiar más de 111.000 créditos educativos a través del ICETEX, beneficiando a estudiantes de bajos recursos y facilitando el acceso a la educación superior. Esto reduciría la carga financiera de miles de familias y promovería la movilidad social.

¿Por qué no se priorizan estas alternativas?

Aunque la consulta puede tener un valor democrático y simbólico, muchos analistas y ciudadanos consideran que invertir en empleo, educación y apoyo social tendría un impacto más tangible y duradero para la población. La formalización laboral de madres comunitarias, por ejemplo, ya es una deuda histórica y ha sido objeto de múltiples iniciativas y reformas recientes

Sin embargo, la asignación de recursos sigue siendo un tema de debate político y presupuestal.

Mientras el país debate el destino de $700 mil millones, la pregunta persiste: ¿es más valioso el acto de consultar a la ciudadanía o invertir esos recursos en programas que transformen la vida de millones de colombianos? La respuesta, sin duda, dependerá de la prioridad que se le otorgue a la participación ciudadana frente a la urgencia de atender necesidades sociales y económicas concretas.