El día lunes 11 de septiembre, un grupo de individuos armados llegó a la vereda Bocas del Manso, ubicada en el municipio de Tierralta, Córdoba, generando una situación alarmante para los residentes de la zona. Estos presuntos delincuentes, vestidos con uniformes camuflados y portando fusiles, se identificaron como miembros del Frente 5° de las FARC-EP, bloque José María Córdoba.
Este acto de intimidación, que tuvo lugar en las cercanías de la Central Hidroeléctrica Urrá, incluyó amenazas verbales y, en algunos casos, incluso agresiones físicas hacia los habitantes locales. La situación se tornó especialmente tensa, dado que en ese momento se encontraban en el área tanto niños como mujeres y hombres adultos.
Uno de los momentos más destacados de resistencia ocurrió cuando una valiente mujer, llevando a un niño en sus brazos, se enfrentó a los armados exigiendo respeto.
El coronel John Fredy Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, condenó enérgicamente la intimidación sufrida por esta comunidad. En respuesta a este incidente, se han activado, en coordinación con el Ejército y las autoridades político-administrativas, todas las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad en esta región del Alto Sinú.
En un consejo extraordinario de seguridad realizado recientemente en el municipio de Tierralta, se ha ordenado la presencia del Ejército en la zona con el fin de prevenir desplazamientos forzados y garantizar la seguridad de los habitantes.
El Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, repudió el constreñimiento sufrido por la población a manos de estos actores ilegales autodenominados como el 5° frente de las FARC. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se aseguren plenas garantías en el territorio como parte de la estrategia de la "Paz Total". Enfatizó que la paz integral no puede construirse sin la debida protección de la población.
El mandatario departamental también solicitó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los ciudadanos afectados, mantener la tranquilidad en la región y garantizar un proceso electoral seguro para que se preserve el derecho de todos a elegir libremente.