Titular de la Notaría Segunda de Barranquilla capturada por presunto vinculo con robo de tierras

Esta red habría utilizado documentación fraudulenta y maniobras jurídicas para apropiarse de terrenos, algunos de ellos destinados a proyectos educativos y espacios comunitarios.

En la mañana de este martes, fue capturada Ana Dolores Meza, titular de la Notaría Segunda de Barranquilla, por su presunta participación en una red dedicada al robo de tierras que fue desmantelada recientemente.

La aprehensión se llevó a cabo en las instalaciones de la notaría, en cumplimiento de una orden judicial. Meza es señalada por las autoridades como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública y urbanización ilegal.

Esta captura se suma a un operativo más amplio que dejó un total de 17 personas detenidas, entre ellas varias figuras públicas y funcionarios, como Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, abogado de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador; Iván Páez, registrador de Soledad; y David De Castro, exregistrador de la misma localidad.

También figuran en la lista Marlon Mora, inspector de Policía; Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía; los abogados José Márquez, Rafael Bossio y Alex Ahumada; así como Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Ismael Cárcamo e Inés Sala, identificados como agentes corruptores; y los supuestos poseedores irregulares Wilmar Machuca y José Peñaloza, junto con Roque José Lugo, señalado como testigo falso.

De las 17 capturas efectuadas, 16 fueron legalizadas por un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante. La excepción fue Marlon Mora, cuya detención fue declarada ilegal debido a un error en la orden de captura, la cual no era legible.

Según las autoridades, esta red habría utilizado documentación fraudulenta y maniobras jurídicas para apropiarse de terrenos, algunos de ellos destinados a proyectos educativos y espacios comunitarios.

Hasta el momento, la audiencia de imputación no se ha realizado, ya que el juez del caso solicitó al Tribunal Superior que defina si tiene competencia para continuar con el proceso.