La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra dos patrulleros de la Policía Nacional, Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, por su participación en los homicidios de tres personas durante las protestas que tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2020 en Soacha, Cundinamarca.
Estos jóvenes perdieron la vida mientras participaban en manifestaciones en contra de las instalaciones policiales y se producían enfrentamientos entre agentes y ciudadanos que expresaban su descontento por el incidente policial ocurrido la noche anterior en Bogotá, donde falleció Javier Ordoñez.
La Procuraduría ha cuestionado la conducta del patrullero Márquez Rojas, quien, como miembro de la patrulla de vigilancia de la Estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha, presuntamente causó la muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza y causó daños en una residencia del sector, posiblemente de manera deliberada y como resultado del uso excesivo de su arma.
Asimismo, se han presentado cargos contra el patrullero Ricaurte Pinilla, quien se desempeñaba como gestor de participación ciudadana en la Estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha en ese momento. Según las investigaciones, Ricaurte Pinilla habría manipulado imprudentemente su arma reglamentaria durante un enfrentamiento entre los agentes y los manifestantes.
La Procuraduría ha señalado que en estos incidentes perdieron la vida tres personas: Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Lorwan Stiwen Mendoza Aya y Cristian Andrés Hurtado. Hasta el momento, solo se ha esclarecido la muerte de Estrada Espinoza, y todas estas vidas se perdieron debido al uso indebido de armas de fuego.
Los informes de necropsia realizados por los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han determinado que la causa de la muerte de estas tres personas fue el impacto de proyectiles de arma de fuego y que sus fallecimientos fueron violentos.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública ha calificado provisionalmente la conducta de los implicados como gravísima a título de dolo para Márquez Rojas y con culpa gravísima en el caso de Ricaurte Pinilla.