El día anterior, los ministros de Hacienda, Minas y Energía y Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), firmaron un decreto que otorga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la facultad de asumir el control de las funciones de las comisiones reguladoras de agua potable (CRA) y de energía y gas (Creg) durante tres meses.
Dos días antes, los comisionados de la CREG habían enviado una carta de 26 páginas a la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que hacían un recuento de los logros obtenidos por la comisión en casi tres décadas de funcionamiento y analizaban los retos del país en el ámbito de la energía y el gas. También destacaban que la Creg es la comisión encargada de fijar las tarifas de energía en virtud de las leyes que la crearon y asignaron esa función a la comisión.
Los gremios del sector expresaron su preocupación por el decreto que otorga al presidente la facultad de fijar las tarifas de energía. Según la carta de los comisionados de la CREG, las recientes subidas de precios no son consecuencia de la falta de cumplimiento de los principios tarifarios, sino del aumento de los costos de inversión y operación en un entorno de alta inflación, así como de la reposición de activos y la expansión del servicio.
Además, la CREG cuenta con estudios para establecer tarifas que permitan a los inversionistas recuperar sus costos y ofrecer un servicio de calidad a los consumidores. Los expertos advirtieron a la ministra que intervenir los precios del mercado mayorista de energía podría distorsionar el comportamiento del mercado y transferir al Estado el riesgo de la operación de los embalses. Esto podría crear un panorama complejo en caso de una situación de hidrología seca extrema en el futuro.
El documento de los comisionados de la CREG concluye con la esperanza de que su análisis "motive una reflexión sobre la importancia de mantener la institucionalidad del sector y mejorarla en lo que fuere pertinente". Los comisionados destacan que las normas actuales han permitido mejoras en la calidad del servicio y la expansión de la red, así como incentivar inversiones por 17.000 millones de dólares en proyectos de energía.
En resumen, el decreto que otorga al presidente la facultad de asumir el control de las comisiones reguladoras de agua potable y energía y gas genera preocupación en los gremios del sector, quienes temen que pueda distorsionar el mercado y transferir al Estado el riesgo de la operación de los embalses. Los comisionados de la CREG subrayan la importancia de mantener la institucionalidad del sector y mejorarla en lo que sea necesario para seguir mejorando la calidad del servicio y fomentando la inversión en energía.