Min Interior en el ojo de la Contraloría por presuntos contratos multimillonarios con RTVC

La entidad fiscalizadora solicitó al ministro Armando Benedetti documentos técnicos y financieros sobre convenios por $88.000 millones para eventos culturales, que él niega públicamente

En medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, la Contraloría General de la República solicitó formalmente al Ministerio del Interior una explicación detallada sobre presuntos contratos por $88.000 millones suscritos con RTVC para la organización de eventos culturales en los últimos cinco años. La solicitud se dirigió directamente al ministro Armando Benedetti, quien recientemente negó la existencia de dichos contratos en una declaración publicada en su cuenta en la red social X.

A través de una carta oficial, la Contraloría requirió la copia del contrato o los contratos celebrados entre el Ministerio del Interior y RTVC entre los años 2020 y 2025, incluyendo sus respectivos anexos, adiciones, modificaciones o actas complementarias. El ente de control también pidió acceso a los estudios financieros y técnicos, los cronogramas de ejecución, un listado completo de los eventos llevados a cabo con fechas y lugares, y la identificación de los funcionarios responsables del proceso de contratación.

Esta acción se suma al llamado previo realizado por la Procuraduría General de la Nación, que también pidió explicaciones al Ministerio, especialmente a raíz de las declaraciones de Benedetti, quien no solo rechazó el requerimiento del ente de control disciplinario, sino que además aseguró públicamente que el contrato al que se hace alusión “no existe”.

La Contraloría fue enfática en que esta solicitud se enmarca en su labor de control fiscal preventivo, cuyo propósito es asegurar que los contratos suscritos por las entidades del Estado respeten los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad fiscal. “Estas actuaciones forman parte de las labores preventivas de la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y asegurar que las actuaciones de las entidades del Estado se ajusten a la normativa vigente”, afirmó la entidad en su comunicación oficial.

Además de los contratos y documentos administrativos, se exigieron los estudios previos, documentos de planeación, análisis de costos y todos los soportes técnicos, jurídicos y financieros que respaldaron la firma de los convenios con RTVC. También se solicitó un informe detallado sobre cada uno de los eventos ejecutados, incluyendo las fechas exactas, los lugares donde se realizaron y los costos asociados.

La carta, enviada por la Delegada para el Sector Defensa y Seguridad de la Contraloría, establece un plazo de dos días hábiles para que el Ministerio del Interior entregue toda la documentación requerida. Este breve plazo refleja la urgencia con la que el organismo fiscalizador busca aclarar el manejo de estos millonarios recursos.

El tema ha generado inquietud no solo por la magnitud de los recursos involucrados, sino también por el contraste entre las declaraciones del ministro Benedetti y las acciones de los entes de control. Mientras que el ministro niega la existencia del contrato, tanto la Contraloría como la Procuraduría continúan con sus investigaciones, sugiriendo que podría haber documentación o evidencias que aún no han sido reveladas al público.

En medios políticos y ciudadanos ha crecido la preocupación respecto a la falta de claridad en los procesos de contratación estatal y el uso de convenios interinstitucionales como mecanismo para mover grandes sumas de dinero sin supervisión efectiva. Algunos expertos han señalado que este tipo de contratos con entidades como RTVC podrían estar siendo usados para canalizar recursos con fines no siempre claros, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia estricta por parte de los entes fiscalizadores.

La controversia también ocurre en un momento de tensión institucional, en el que se han conocido otros escándalos de presunta corrupción en el gobierno nacional, como el caso de la UNGRD y las irregularidades en la entrega de ayudas a La Guajira, lo cual ha debilitado la confianza ciudadana en la gestión pública.

Se espera que en los próximos días, tras el cumplimiento del plazo fijado por la Contraloría, se conozcan nuevos detalles sobre estos convenios y si, en efecto, existieron anomalías en su celebración y ejecución. De comprobarse irregularidades, el Ministerio del Interior podría enfrentar no solo investigaciones fiscales, sino también sanciones disciplinarias y eventualmente penales, dependiendo del resultado de los análisis técnicos y jurídicos que desarrollen los órganos competentes.

En todo caso, este episodio reitera la importancia de fortalecer los mecanismos de control fiscal y transparencia, así como de garantizar el acceso público a la información sobre el destino de los recursos que administra el Estado.