Desde que tomó posesión del cargo, el presidente de Colombia Gustavo Petro ha solicitado en varias ocasiones facultades especiales que le permiten decretar leyes sin necesidad de pasar por el Congreso ni por otras entidades del Estado. Hasta el momento, ha solicitado al menos 23 de estas facultades para llevar a cabo proyectos como la Reforma a la Salud, el Plan Nacional de Desarrollo, la creación del Ministerio de la Igualdad, la Ley de Paz Total y la Reforma Tributaria, entre otros.
La inclusión de estas facultades especiales ha generado polémica y críticas por parte de la oposición, quienes acusan a la Casa de Nariño de querer aprobar documentos sin la debida revisión y evaluación. Algunos congresistas, incluso aquellos pertenecientes a la bancada de Gobierno, han sido férreos opositores de estas facultades especiales.
Las facultades otorgadas al presidente tienen una duración de seis meses, tiempo durante el cual puede decretar leyes sin necesidad de pasar por el Congreso. Las facultades van desde tareas simples como fortalecer la institucionalidad del gobierno, hasta otras más complejas como regular los usos medicinales de la coca y el cannabis, así como otorgar indultos para avanzar en negociaciones de paz.
La reforma a la salud, presentada recientemente por el presidente Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha sido la más reciente en incluir facultades especiales. En este proyecto se incluyen un total de 6 poderes especiales, que incluyen la modificación de las normas en materia de salud pública y la transición hacia un nuevo modelo de país sin las figuras de las EPS.
Sin embargo, las facultades más polémicas se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Allí, Petro ha solicitado un total de 14 permisos que lo habilitarían para regular los usos alternativos de la planta de coca y del cannabis, así como para crear un sistema de subsidios para comunidades vulnerables en riesgos sociales, económicos o por desastres naturales. Además, el presidente tendría la capacidad de modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva, lo que le daría un amplio margen de maniobra para cumplir con sus ambiciosas promesas de regalar tierras y beneficios económicos a los damnificados por derrumbes, como el ocurrido en Rosas, Cauca, en enero de este año.
Actualmente, las facultades especiales se encuentran en discusión en el Congreso, donde se decidirá si se otorgan o no al presidente. Si se aprueban, las reformas y decretos que se realicen bajo esta figura podrían ser eliminados por el mismo Congreso o por la Corte, quien ya ha tumbado normas de ese tipo declarándose inconstitucionales.
En resumen, la solicitud de facultades especiales por parte del presidente Gustavo Petro ha generado controversia y críticas por parte de la oposición en Colombia. Aunque estas facultades le permitirían decretar leyes sin necesidad de pasar por el Congreso,