Las disidencias de la Segunda Marquetalia podrían ser reconocidas bajo un estatus político gracias a un posible reversazo del Gobierno Petro ante la Corte Constitucional.
La diferencia de conceptos entre la Casa de Nariño y el Gobierno Petro radica en que, según la nueva posición del Gobierno, es el presidente quien tiene la facultad de elegir con cuál grupo armado negocia y cuál elige la vía del sometimiento. Esto permitiría a las disidencias de la Segunda Marquetalia sentarse en una mesa de negociación de paz similar a la que actualmente sostiene el Gobierno con el ELN.
El nuevo concepto establece que la determinación de adelantar negociaciones con fines políticos o de sometimiento es del resorte del Gobierno, quien debe definir el tipo de proceso a seguir a partir de las circunstancias particulares y específicas de los grupos armados que manifiesten su interés de negociar.