La Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional expresa su preocupación por una serie de casos relevantes que evidencian impunidad en el departamento del Atlántico. Estos casos han llevado al despacho a calificar la situación como un "carnaval de impunidad" en la región.
Uno de los casos que inquieta a la Secretaría de Transparencia se refiere a la pérdida de 14.000 millones de pesos en el Hospital Metropolitano de Barranquilla. Según el despacho, el proceso no ha tenido avances significativos desde septiembre del año pasado en la Fiscalía 17 Seccional Delegada para la Seguridad Territorial. Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, ha solicitado a la Contraloría General de la Nación que revise el presunto hallazgo fiscal y avance en la investigación de este caso que, según él, sigue en la impunidad.
"Este caso ha llevado a la detención de un fiscal, dos jueces e incluso a un exrector universitario, pero la investigación sigue en curso desde septiembre del año pasado. Hemos instado a la Fiscalía a avanzar rápidamente en este caso dada la cantidad de pruebas disponibles, ya que aún persiste la impunidad", declaró Idarraga. Además, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que se pronuncie sobre posibles faltas disciplinarias de los funcionarios públicos involucrados en el presunto detrimento patrimonial del Hospital Metropolitano de Barranquilla.
Otro caso se relaciona con personas con discapacidad y sus cuidadores, quienes no están recibiendo la atención médica a pesar de contar con órdenes judiciales. Sin embargo, los pagos correspondientes parecen estar siendo realizados, a pesar de las 12 tutelas presentadas hasta ahora por la presunta violación de sus derechos humanos.
Por último, hay dos casos que involucran a trabajadores de Drummond, donde a pesar de que juntas médicas han certificado una pérdida de capacidad laboral superior al 50% para muchos de ellos, aún no se les ha reconocido. También destaca el proceso en curso relacionado con la extinta Reynolds, donde presuntamente se llevó a cabo una venta simulada de una entidad financiera que habría dejado a los afectados en una situación de despojo.