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  • GINA SANCHEZ

Sin Seguridad, Sin Convivencia



En el Atlántico, surge un cuestionamiento sobre la efectividad y transparencia de la llamada "Tasa de Seguridad y Convivencia", creada mediante la Ordenanza 545 del 2017, durante la presidencia de la Asamblea de Federico Ucros, diputado soledeño. Es crucial mencionar las modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, particularmente con la Ordenanza 449 de 2019 y la Ordenanza 0488 de 2020.



Este impuesto fue ideado durante el gobierno anterior del gobernador Verano de la Rosa como una medida para recolectar fondos destinados a la seguridad y la convivencia en el departamento, según información proporcionada por la empresa A-ire. Se estima que mensualmente se entregan a la Gobernación del Atlántico alrededor de 13 mil millones de pesos, gracias a la gestión de A-ire para recaudar estos fondos.

La fórmula de cobro de esta tasa es compleja y varía según el estrato socioeconómico. Por ejemplo, el estrato cuatro paga el 0,65 en Unidades de Valor Tributario (UVT), que para el año 2022 es de 38,000 pesos, mientras que para el estrato seis corresponde a 2,14. Para establecimientos comerciales, el valor es de 2,12 hasta 2,000 kilovatios, y para industriales, es cuatro veces el valor.

Sin embargo, a pesar de los considerables recaudos, surge la interrogante sobre el destino de estos recursos y su impacto en la seguridad del departamento. Los ciudadanos expresan su preocupación sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos fondos, especialmente en un contexto donde la extorsión, el sicariato y los robos son el pan de cada día en el Atlántico.

El miedo impera en la comunidad, afectando incluso actividades cotidianas como ir a la tienda o salir a comer en familia, debido al temor de convertirse en víctimas de la violencia. Este impuesto se suma a la carga económica de los ciudadanos, aumentando el costo de la energía, que ya es uno de los más altos del país.

Surgen preguntas sobre los intereses detrás de esta tasa, especialmente cuando se promueve la reducción de las tarifas de energía mientras A-ire continúa aumentando sus recaudos. ¿Realmente estos fondos se traducen en beneficios para los atlanticenses? ¿O hay un conflicto de intereses que requiere ser investigado a fondo?

Es esencial que se exija transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos fondos, garantizando que realmente contribuyan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes del Atlántico.

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